La ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, quiere que el Estado colombiano le pague a ella y a su familia unos US$ 6,8 millones por los perjuicios morales y económicos que les causó su secuestro de más de seis años por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Betancourt presentó una solicitud de conciliación extrajudicial el pasado 30 de junio, que fue denegada ayer por el Ministerio de Defensa, que se declaró “sorprendido y apesadumbrado” por la demanda.
Lo más seguro es que Betancourt quiera ahora ir a un juicio contra el Estado, cuyo veredicto puede tardar años.
Según la ex candidata presidencial, el Estado colombiano falló en su obligación constitucional de darle seguridad en el territorio nacional al momento en el que se produjo su secuestro. Mientras, el Gobierno aseguró que advirtió a la ex rehén que no fuera a la zona donde la raptaron. Sin embargo su familia sostuvo que oficiales del Ejército le dijeron a la candidata y a su jefa de campaña, Clara Rojas, que podían continuar con su viaje.
“Como es de conocimiento público, la doctora Ingrid Betancourt Pulecio, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la Fuerza Pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política”, dijo el Ministerio de Defensa.
Aparte de Betancourt, y hasta el momento, sólo hay otro ex rehén de las FARC, el ex gobernador Alan Jara, que estudia si presenta una solicitud de compensación similar a la de Betancourt.
A diferencia del más de medio centenar de rehenes que llegaron a tener en su poder las FARC en 2002, Betancourt, Jara, Clara Rojas y el ex ministro Fernando Araújo fueron los únicos que no recibieron un sueldo durante su secuestro.
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